Asociaciones gremiales y defensa del interés general

El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido la inconstitucionalidad parcial de dos proyectos de ley en los últimos meses. Se trata, de una parte, del proyecto que reforma el Sernac y, de otra, el proyecto de ley de Educación Superior. El objetivo de la presente columna no es criticar el fondo de esas decisiones. Sobre la primera ya existen excelentes críticas de los mejores academicos de derecho administrativo nacional (Cordero, Letelier, Letelier y Ferrada). Por el contrario deseo abordar una cuestión procesal que tiene grandes implicancias para el proceso legislativo.

Ante todo, debe destacarse que en ambos casos la intervención del TC fue “de oficio”. Es decir, ejerció el control de constitucionalidad de aquellas disposiciones propias de ley orgánica constitucional (artículo 93 número 1 de la Constitución). En rigor no hubo litigio constitucional, lo que es relevante porque si una de las funciones de la justicia constitucional es proteger a las minorías del “avasallamiento” por parte de las mayorías, ese riesgo no estaba presente en este caso. Podría decirse que este tipo de control es simplemente “unilateral”. El TC actúa sólo en defensa de la Constitución en sí misma.

Enseguida, mientras ambos proyectos de ley se encontraban bajo examen las asociaciones gremiales directamente afectadas por la nueva regulación ejercieron su derecho de petición ante el TC solicitando, en pocas palabras, que declarasen inconstitucional parte de cada proyecto.

Así, para el proyecto relativo al Sernac fue la Cámara Chilena de Comercio la que pidió que se eliminasen del proyecto todas aquellas normas que hacían del Sernac un servicio fiscalizador, esto es, uno capaz de dictar normas, vigilar su observancia y sancionar su infracción.

Tratándose del proyecto sobre educación superior fue el Consorcio de Universidades Privadas quien pidió que se eliminase del proyecto el artículo que impedía que las instituciones de educación superior fuesen controladas por una empresa.

Desde luego, difícilmente puede criticarse que las asociaciones gremiales actúen por medios lícitos en defensa de su interés. Sin embargo, debemos ser conscientes de ese hecho y no confundir su actuación con una supuesta defensa del interés general.

Por ello, a continuación plantearé una opinión crítica de tal estrategia, desde el punto de vista de la promoción del interés general.

En efecto, si bien es cierto que las asociaciones gremiales están en su derecho de hacer peticiones al Tribunal Constitucional, este no tiene ninguna obligación o, es más, no debe, darles ningún valor.

Esa idea se apoya en tres razones. Primero, si el TC le da tramitación a ese “téngase presente” está desnaturalizando el control de constitucionalidad. Como ha quedado dicho, éste es un proceso unilateral. No hay partes. Pero si ese téngase presente es acogido a tramitación, entonces se hace entrar al proceso la defensa de un interés privado.

Segundo, si el TC actúa siguiendo las argumentaciones de los grupos de interés, ya definitivamente deja al interés público a merced de estos últimos. No debe olvidarse que en ambos casos (Sernac y Educación Superior) las asociaciones gremiales respectivas participaron activamente del debate legislativo, hicieron presentes los mismos argumentos y estos fueron desechados expresamente. Si el TC acoge sus alegaciones pone en entredicho la deliberación legislativa, más aún si no hay un requerimiento de los órganos legitimados. La carga argumentativa del Tribunal es especialmente fuerte. Comparemos lo que ocurre en este mismo tipo de control ante una reserva de constitucionalidad. El TC pone cortapisas muy severas y requisitos formales para siquiera pronunciarse sobre ellas. ¿Puede entonces omitir todas esas formalidades si quién hace la argumentación es ya no un legislador sino un grupo de presión?

Tercero, será muy difícil desligar la sentencia de inconstitucionalidad del escrito de los grupos de presión. El TC no podrá despejar la duda: ¿Actuó así a causa de la intervención de un grupo de interés, o actuó en defensa de la Constitución? Una vez que el escrito es agregado al expediente, esa duda se mantendrá. Luego, corresponde que el TC los declare inadmisibles.

En conclusión, resulta preocupante la actitud temeraria de ciertos grupos de interés que pueden aprovechar la etapa de control ante el TC para renovar su oposición a proyectos de ley. Ello encierra un grave riesgo para el interés público que no tendrá, de ese modo, nadie que lo defienda. Por ello, lo correcto es que el TC declare inadmisibles estos escritos.

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